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Los indultos por delitos comunes cometidos por políticos

(Este articulo ha sido publicado el sábado 19 de junio en portugués en el Diário de Noticias https://www.dn.pt/opiniao/os-indultos-por-delitos-comuns-cometidos-por-politicos-13851560.html)

El Derecho penal siempre ha sido muy polémico dentro de la dogmática jurídica porque afecta a la libertad física de las personas, a la presunción de inocencia y al poder del Estado como represor. Pero si es un Derecho eminentemente represivo, el Derecho penal es también una herramienta para garantizar la libertad del individuo en el sentido en que lo veía el jurista español Luis Jiménez de Asúa, con la tipificación rigurosa del delito, del dolo y del delincuente, como barrera contra los abusos del poder.

Jiménez de Asúa fue uno de los redactores de la Constitución republicana de 1931; “la Constitución es la vestidura jurídico-política de un pueblo”, sostenía. Catedrático, escritor, socialista, ha sido quizá uno de los mejores juristas españoles del siglo XX. Hubo de exilarse en 1939, siguió impartiendo clases en universidades sudamericanas y ejerció el cargo de Presidente de la República española en el exilio. Murió en Buenos Aires.

Cuando está en juego la integridad y garantía del orden constitucional español echamos de menos a pensadores como Jiménez de Asúa. En efecto, la Constitución española de 1978 y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña fueron consciente y deliberadamente vulnerados, violados, por unos políticos catalanes hoy propuestos por el gobierno español para ser indultados. En los delitos por los que han sido condenados, la intención y el dolo han sido fundamentales para tipificarlos, aunque el resultado fuera frustrado (la intención de secesión de una parte del país). Incluso algunos juristas sostienen que la calificación de sedición (artº 544 del Código Penal) fue inadecuada, pues se trataba claramente de rebelión (artº 472.5).

En este sentido, es necesario subrayar que los delitos de sedición y de rebelión no son delitos políticos aunque sean cometidos por políticos. En la democracia no existe el delito político, y la sedición por la que han sido condenados Oriol Junqueras y otros, es un grave delito de derecho común.

Recordemos que el indulto, al contrario de la amnistía, perdona al delincuente pero no borra el delito. Es un residuo pietista y anacrónico del antiguo derecho de gracia que ejercían los monarcas por la gracia de Dios. Nada que ver con la amnistía que, con los cambios políticos, abole las tipificaciones delictivas de actos políticos.

Científicamente, el indulto es una aberración pues no garantiza que el indultado no vuelva a cometer el delito. La intención restauradora del Derecho se ve frustrada con el indulto. Efectivamente, algunos de los independentistas condenados, insolentemente, ya han dicho que lo volverán a hacer, que reincidirán. Si, además, esta ‘gracia’ se concede colectivamente, el ordenamiento jurídico se resquebraja todavía más.

Con estos indultos el actual gobierno español pretende sostenerse durante la legislatura con una especie de pacto de no agresión con Esquerra Republicana de Cataluña, que dispone de sus trece escaños para vender al mejor postor. Esta formación no cree ni acata la Constitución ni tiene ningún interés por España sino todo lo contrario. En realidad, será un pacto contra natura porque es un pacto con los que niegan la legitimidad del Estado español. Estos indultos sólo tienen una finalidad de táctica política, no hay ninguna estrategia, es mero oportunismo. E irónicamente, serán firmados por el rey que aborrecen los indultados.

Habría otra fórmula posible, la libertad condicional. En todo caso, estos indultos serán una afrenta al ordenamiento jurídico pues hacen caso omiso de que los condenados lo han sido por delitos comunes claramente tipificados, tras un juicio complejo, justo y con todas las garantías.

Para terminar, habría que señalarle a tantos políticos y comentaristas portugueses que parecen defender la independencia de Cataluña (como una nostalgia de un nuevo 1640 para los ‘hermanos’ catalanes), que la secesión no es un derecho reconocido por la Unión Europea y, que yo sepa, por ninguna constitución de ningún país democrático, ni por la portuguesa, que en su artículo 3.1 establece que “a soberanía, uma e indivisível, reside no povo”. La constitución española también establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

Los españoles demócratas, algo lánguidos tras la larga pandemia, estamos muy desilusionados con los que dicen representarnos, pero terminaremos tragando con este engendro jurídico porque estamos deseando irnos de vacaciones. Muchos amigos míos de izquierda, me dicen con tristeza que es un mal menor aunque están en profundo desacuerdo con los independentistas; mis amigos de la derecha están indignados. Los que creemos en el Derecho, vemos con preocupación este pacto entre la socialdemocracia y su némesis, un nacionalismo reaccionario, excluyente y con tintes racistas y odio hacia el resto de los españoles. Es penoso sobre todo el silencio del PSOE, que parece que ha dejado de ser un partido que haga honor a sus siglas y ha dejado de ser una entidad pensante. No hay disidentes y los que hay son expulsados, marginados o condenados al ostracismo. Qué lejos está de aquel concepto de partido que Antonio Gramsci defendía como el ‘intelectual orgánico’.

En todo caso, parece que el Estado de Derecho se tira a la papelera. El socialista y gran jurista Jiménez de Asúa no estaría de acuerdo.

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